Crisis y falta de transparencia llevan a la desaparición de ConCreces
- 1 nov 2025
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A pocos meses de cumplirse un año de la revocación oficial de su licencia de operación, la Unión de Crédito ConCreces se encamina a convertirse en un caso emblemático del deterioro institucional en el sector financiero regional por un grupo de inversionistas ajeno a los socios fundadores.
Durante la administración de Juan José Gutiérrez Chapa, en los años que estuvo al frente mantuvo a la intermediaria siempre en primeros lugares; pero luego de más de una década que dejó el cargo, la administración actual no solo se encuentra bajo investigaciones, sino que ha intentado deslindarse de sus responsabilidades señalando a gestiones anteriores sin atender el daño a pequeños productores y socios fundadores.
Tal es el caso que hasta diciembre de 2019, ConCreces tenía registrados dos mil 147 socios, 136 acreditados y 171 inversionistas. Además, su apoyo en servicios financieros llevó a que la cartera de crédito ascendiera a mil 557 millones de pesos y el aumento en la colocación anual de financiamientos superó el 400 por ciento.
Lo anterior demuestra que, durante años, bajo la dirección de Gutiérrez Chapa, la institución consolidó una reputación basada en la disciplina financiera, el impulso al ahorro y la colocación responsable de crédito.
Decenas de oaxaqueños fortalecieron sus negocios al integrarse como socios de esta intermediaria, que logró sortear crisis económicas nacionales y adaptarse a cambios en las políticas de apoyo al campo.
El escenario cambió tras la salida del directivo hace más de una década. La conducción quedó en manos de un nuevo grupo de accionistas con escasa experiencia. De acuerdo con los antecedentes, la llegada de inversionistas encabezados por un socio de origen español marcó el inicio de una etapa de inestabilidad que derivó en el colapso de ConCreces.
Desde 2022 comenzaron a observarse señales de alerta en la gestión interna. Se detuvo la colocación de créditos y se restringió la información sobre los procesos de cobranza. La Falta de transparencia provocó que agencias calificadoras y firmas de auditoría retiraran las certificaciones que respaldaban a la institución.
El deterioro en el manejo de la cartera terminó por conducirla a la quiebra, en una etapa en la que las administraciones anteriores ya no participaban en la operación. Además, se suspendieron asambleas obligatorias de socios, los informes financieros dejaron de estar disponibles y no se emitieron los reportes correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024.
Estas omisiones profundizaron la incertidumbre entre inversionistas y acreditados. En un intento por rescatar a la institución, y ante su relevancia para la economía regional, Juan José Gutiérrez Chapa, sin obligación y aportando patrimonio sin garantía de retorno, inyectó capital con el objetivo de contribuir al saneamiento financiero, pero ya no pudo revertir la crisis.
Aunque en su momento los socios resolvieron la constitución de un primer fideicomiso para impulsar la recuperación de cartera, logrando con ello recuperar más del 50% de los créditos aportados, posteriormente se creó un tercero cuya operatividad y niveles de transparencia permanecen inciertos, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes confiaron su patrimonio a la institución.
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