Nueva ley de extorsión en México: un modelo nacional con penas de hasta 42 años

El Congreso mexicano dio luz verde a un proyecto de ley contra la extorsión que establece un tipo penal único a nivel federal, con un marco sancionador que va de 15 a 25 años de prisión y puede escalar hasta 42 años de prisión en supuestos agravados, en línea con la iniciativa enviada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.

La reforma contempla la persecución oficiosa del delito, mecanismos de denuncia anónima, la obligación expresa de que servidores públicos reporten cualquier caso conocido y penas específicas para autoridades penitenciarias que permitan el uso de dispositivos o faciliten esquemas extorsivos intramuros.​

La iniciativa surge en un escenario de máximo histórico de víctimas registradas y alta sub‑denuncia —superior a 96% en este delito—, así como creciente sofisticación de modalidades como la extorsión telefónica, digital y aquella dirigida a personas migrantes.

Para especialistas en derecho penal y política pública, el reto será la armonización en congresos estatales, la capacidad investigativa frente a redes criminales transnacionales y la medición de impacto real en territorios donde extorsión y secuestro se entrelazan como parte de la economía criminal regional.